Las organizaciones representadas en el Consejo de Servicios Sociales rechazan la modificación de competencias de este órgano consultivo tras la aprobación del decreto de simplificación administrativa del Gobierno autonómico

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y resto de organizaciones representadas en el Consejo de Servicios Sociales han mostrado su rechazo a la modificación de las competencias de este órgano consultivo por la que se elimina el carácter preceptivo de sus informes, tras la aprobación del nuevo decretazo de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía.

Así lo expresan y notifican por registro al Gobierno Autonómico los Colegios Oficiales de Psicología de Andalucía, Occidental y Oriental; los sindicatos de la comunidad autónoma, Comisiones Obreras y UGT; FACUA Andalucía; el Colegio Profesional de Educadoras/es Sociales de Andalucía; el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social; la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (F.O.A.M); vocales del CAPM; la Federación Andaluza “Enlace”; y CODENAF, Cooperación y Desarrollo con el Norte de África.

Esta modificación impuesta desde el Gobierno andaluz no es más que una medida que limita el control de la sociedad civil sobre las políticas de servicios sociales, lo que supone un nuevo paso atrás en la participación social.

Con este decreto se elimina la obligatoriedad de los informes del Consejo de Servicios Sociales, y la emisión de informes preceptivos y favorables para modificar las prestaciones garantizadas en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.

Estos informes preceptivos no son simplemente trámites administrativos, sino informes de un órgano consultivo que actúa antes de la aprobación por parte del consejo, y que se enriquecen del debate de las organizaciones que forman parte del mismo.

Por lo tanto, se trata de una vía de participación, seguimiento y control de las políticas públicas de servicios sociales cuya utilidad radica en lograr el máximo consenso social y prevenir que los derechos garantizados puedan ser eliminados de manera unilateral o arbitraria por cualquier Gobierno.

Esta modificación no ha sido consultada con el Consejo de Servicios Sociales. Por ello, hemos pedido a la Junta de Andalucía, especialmente a su presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, que restablezca las competencias del Consejo de Servicios Sociales.