Los Colegios Profesionales de Psicología, Trabajo Social y Educación Social, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y la organización de consumidores FACUA, representados en el Consejo de Servicios Sociales, han rechazado el Proyecto del Plan Estratégico de Servicios Sociales presentado por la Consejería de Igualdad y han instado a revisarlo y negociarlo con las organizaciones. “Parte de un análisis con muchas deficiencias técnicas y de contenido, e incumple claramente la Ley de Servicios Sociales al dejar fuera a los servicios sociales especializados”.

Los Colegios Profesionales de Psicología, Trabajo Social y de Educación Social, CCOO, UGT y FACUA han valorado negativamente el Proyecto de Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía presentado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación bajo el argumento de que este ha sido elaborado sin la participación de las organizaciones y parte de un análisis con muchas deficiencias, tanto técnicas como de contenido.

Las organizaciones han afirmado que el proyecto “incumple claramente la Ley de Servicios Sociales al dejar fuera los servicios sociales especializados, entre los que cabe destacar las residencias, centros de día, la teleasistencia, ayuda a domicilio para personas dependientes, centros y servicios para menores, personas sin hogar; y ayudas y prestaciones para las personas vulnerables”. “Estamos ante un plan que se elabora sin tener una estrategia de calidad, eficiente y sostenible”.

En cuanto al modelo, y especialmente en los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos y diputaciones, las organizaciones critican que “no se apuesta por una verdadera atención integral; ni de planificación de los aspectos preventivos ni de intervención comunitaria, centrándose y reforzando servicios de corte asistencialista, lo que supone un retroceso hacia modelos que veníamos intentando superar”.

Además, las organizaciones han explicado que el proyecto “no aborda las necesidades de recursos humanos que tienen los servicios sociales en su conjunto, ni los perfiles profesionales necesarios”. “Tampoco se compromete a desarrollar la Ley en esta materia”.

De igual modo, critican que los programas y medidas propuestos “no responden a la situación de partida que se describe en el Plan y no prepara al sistema público de servicios sociales para las proyecciones demográficas que realiza”. “Lo propuesto no supone un aumento de los recursos, de las intensidades, o de su adecuación a las demandas de la ciudadanía; son en su mayoría una enumeración de acciones ya en marcha y comprometidas para estos próximos años, o deberes innegables de las diferentes administraciones”, explican las organizaciones.

Otra crítica que le hacen al El Proyecto de Plan es que “no se basa ni tiene en cuenta indicadores objetivos basados en la suficiencia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad, de modo que su pertinencia, eficiencia y eficacia no es medible y no promociona prácticas basadas en la evidencia”. “En definitiva, -argumentan-, no hay compromisos tangibles que midan el impacto del Plan”.

La financiación es otra de las deficiencias de este proyecto según las organizaciones, que argumentan que es “insuficiente y no va a permitir avanzar en la consolidación de un sistema de calidad y de proximidad”. “El Plan estratégico como instrumento que debe marcar el camino a seguir en los servicios sociales, no puede disgregarse del pilar fundamental de la financiación, que no llega ni al 7% del presupuesto 2021 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y que se ha ido rebajando desde el primer borrador”, por contra, en este plan se evidencia la masiva subcontratación de servicios sociales que son un derecho de ciudadanía al igual que la sanidad y la educación, apostillan.